«Había que decir algo…» (sobre el director general del CSD, Albert Soler)

El grupo de funcionarios A1 que tiene catedráticos, abogados del estado, inspectores de hacienda, etc … ¿son de verdad las mejores opciones para gestionar el deporte si no acreditan experiencia profesional y conocimiento del sector para asegurar que un puesto de tanta relevancia está en las mejores manos en cuanto a méritos y capacidad como tal y como se reivindica?

Artículo extraído del portal Iusport y generado por la Federación de Asociaciones de Gestores del Deporte de España (FAGDE), compartido con fines educativos. Crédito editorial: Ver abajo*.

Hace unos días saltaba una noticia bastante sorprendente: el Tribunal Supremo anula los nombramientos de dos directores generales por no tener la condición de funcionario del grupo A1 y por no acreditar suficientemente las razones que permitirían la excepción para no serlo. Me voy a referir a la que conocemos más por ser la Dirección General de Deportes del Consejo Superior de Deportes, puesto que, hasta la sentencia, ha estado ocupado por el señor Albert Soler y que, esperamos, pueda recuperar.

Yo al señor Albert Soler solo lo conozco personalmente de dos reuniones y de coincidir en algunos eventos relacionados con el ámbito deportivo, que es el nuestro desde siempre; no obstante, lo que si comparto es una historia común como tantos profesionales de la gestión deportiva y, por tanto, una indignación común al ver esta sentencia del Tribunal Supremo y las consideraciones que leo en las noticias que hacen referencia a la misma y a la argumentación de quien recurrió el nombramiento, que dicen cosas como trascribo a continuación:

«Donde termina la estructura política (ministros y secretarios de estado) empieza el nivel de la administración fija, al que se debe de acceder por los principios de mérito y capacidad, cumpliendo el requisito de destinarlos a funcionarios de carrera del grupo a-1 como garantía de los derechos de los ciudadanos», subraya este letrado.

Sánchez Lambás manifiesta que el grupo a-1 de funcionarios es muy amplio, con profesionales muy cualificados, por ejemplo, catedráticos de universidad, jueces y magistrados, abogados del estado, inspectores de hacienda, de trabajo, interventores, por lo que le sorprende que «siendo tan generosa y variada la oferta disponible, se acuda fuera de ella haciendo de la excepción una regla general.

Afirma que esta sentencia es «muy importante para el estado de derecho y calidad de la democracia”.

Cuando leo las razones que sostiene el ponente y veo que se alude a que en el subgrupo A1 hay personas muy reputadas: catedráticos, jueces, abogados del estado, inspectores de hacienda…, me pregunto: ¿qué quiere decir?; ¿que esos reputados perfiles son más adecuados para la Dirección General de Deportes que el currículum profesional que presenta Albert Soler?; ¿quiere decir que solo los funcionarios pueden acreditar mérito y capacidad?; ¿que la democracia está más segura y consolidada si alguno de los funcionarios del subgrupo A1 pasa a ocupar la Dirección General de Deportes, supongo que con experiencia en gestión deportiva?

Es importante señalar que hay también muchísimos empleados públicos con carácter laboral del grupo A que han tenido que pasar la misma oposición que los A1 con sus temas correspondientes. Que la mayor parte de los servicios públicos deportivos que se comenzaron a prestar con la llegada de los ayuntamientos democráticos se pusieron en marcha con trabajadores contratados como laborales. Que esos empleados públicos laborales, salvo excepciones y procesos de funcionarización en algunas administraciones públicas, no han tenido acceso a “funcionarizarse” porque el sector deportivo ha estado mayoritariamente en plazas de naturaleza laboral, tan solo los docentes del sistema educativo público adquirían la condición de funcionarios -que no tiene nada que ver con la gestión-.

No parece muy justo que haya todo un sector, el de la gestión deportiva, desarrollado mayoritariamente por empleados laborales en todas las categorías – tanto en la iniciativa pública como en la privada, y que son los que realmente han conseguido transformar durante los últimos 40 años el sector deportivo y llevarlo a los niveles de instalaciones y cultura deportiva que hoy disfrutamos en España- en el que se impida a esos empleados laborales acceder a los máximos órganos de la gestión, aunque demuestren -como es el caso que nos ocupa- un nivel de experiencia en el sector público suficientemente contrastado. Concretamente, el Sr. Albert Soler -entre otros- fue director del organismo gestor del deporte de la ciudad de Barcelona y ocupó el mismo puesto del que ahora se le rechaza, durante más de tres años hace ya una década y no ha dedicado ni un minuto de su vida laboral a otra cosa que a la gestión deportiva.

El grupo de funcionarios A1 que tiene catedráticos, abogados del estado, inspectores de hacienda, etc … ¿son de verdad las mejores opciones para gestionar el deporte si no acreditan experiencia profesional y conocimiento del sector para asegurar que un puesto de tanta relevancia está en las mejores manos en cuanto a méritos y capacidad como tal y como se reivindica?

La verdad, estamos muy cansados de ver llegar a personas totalmente ajenas al deporte a puestos de relevancia en la gestión, incluso altos funcionarios a los que se hace referencia en la sentencia-, desconocedores absolutos del sistema deportivo, con resultados nefastos en su responsabilidad, ninguneando a todo el sector y a todos los trabajadores del mismo.

Pensamos que, con estas decisiones, se está discriminando a todo un sector profesional. Todos creemos en los principios de mérito y capacidad como la mejor opción para acceder a un puesto de dirección y liderazgo públicos y en este caso, en un sector muy concreto y específico. Pero quienes legislan o interpretan las normas deberían conocer bien los ámbitos en los que están incidiendo para garantizar que sean las mejores personas las que acceden a esos puestos y no perderse en endogamias corporativas que no ayudan ni favorecen a que en determinadas áreas como deportes, pero también cultura, nuevas tecnologías, acción social, o incluso muchos sectores económicos o empresariales, no sean los mejores gestores y con la experiencia profesional suficiente quienes accedan a esos puestos directivos, como sería deseable.

Reivindicamos, con toda la fuerza que nos da la legitimidad de nuestro trabajo, el derecho de poder ascender a los máximos puestos de nuestro sector y la no discriminación de las personas que realmente nos hemos dedicado a esto como profesionales, con toda la pasión de lo que nos gusta y amamos: el deporte en todos sus ámbitos.

Había que decir algo por respeto a nosotros mismos.

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*Milagros Díaz Díaz es Vicepresidenta de FAGDE.

Presidenta del Círculo de Gestores Deportivos de Madrid.

Empleada pública laboral desde el año 1981 y gestora del deporte desde 1989.

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*Publicado en https://www.fagde.org